Medicina amarga

29/04/2012 - 8:31pm

Con su proyecto que le arrancaría a Puerto Rico cerca de $5,000 millones en fondos del programa Medicaid que están asignados de ahora a 2019, el congresista Fred Upton (Michigan) le ha certificado a la Isla la determinación que tienen los republicanos de tachar toda la reforma federal de salud.

La medida, adoptada en el Comité de Energía y Comercio por votación partidaria y que puede aprobarse en mayo en el pleno de la Cámara baja, le confirma al Gobierno de Puerto Rico, además, la tranquilidad con la cual republicanos le harían un hueco tremendo en su situación fiscal, que ha estado bastante deteriorada.

Los fondos asignados a Puerto Rico por medio de la reforma federal de salud que impulsó el presidente Barack Obama suman, entre 2011 y 2019, $6,300 millones.De esos $5,400 millones son asignaciones directas de Medicaid, precisamente las que quiere eliminar el proyecto de Upton, quien es el presidente del Comité de Energía y Comecio.

Los otros $900 millones, que no se tocan en el proyecto de Upton y que también saldrían de Medicaid, son una especie de compensación por Puerto Rico no ser parte del centro de intercambio de seguros que la reforma de salud pone en vigor a partir de 2014.

De cara al año fiscal puertorriqueño que comienza en julio, los fondos de Medicaid – que este año ya pueden totalizar unos $1,000 millones anuales, casi $700 millones más que lo que antes se obtenía-, representan casi la mitad del prespuesto del plan “Mi Salud” del gobierno de Puerto Rico.

Tan fuertes son los recortes a Puerto Rico que los poco menos de $5,000 millones que no se han entregado de la asignación directa de Medicaid – descontando el dinero ya gastado –, representan más de una quinta parte de los $23,000 millones que Upton propone quitarle a todo el programa de Medicaid en EEUU con su legislación.

La reforma de salud, la llamada Obamacare, está en peligro no sólo en el Congreso y por la intención del probable candidato presidencial del GOP Mitt Romney de derogarla, sino por la impugnación sobre su constitucionalidad que está pendiente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En junio – por cierto sin la intervención del Gobierno de Puerto Rico en el pleito -, el Tribunal Supremo de Estados Unidos debe decidir la suerte de la ley.

Es probable que desde que el Congreso decidió a principios de la década de 1980 sacar a Puerto Rico del programa de sellos de alimentos, para crear el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) – lo que hoy representa cientos de millones de dólares menos en asignaciones -, no se haya propuesto darle un golpe tan directo a la Isla.

Cuando la Casa Blanca del presidente Barack Obama, a principios de 2010, expresó disposición a aceptar un posible acuerdo con el Congreso que prácticamente borraba el plan original de la Cámara baja que le otorgaba en la ley de reforma de salud unos $1,000 millones anuales adicionales en Mediciad a Puerto Rico, el gobernador Luis Fortuño y el liderato legislativo de la Isla alzó su voz.

Gracias a la intervención del Caucus Hispano del Congreso, el comisionado Pedro Pierluisi tuvo la oportunidad de denunciar la situación en una reunión con el presidente Obama, un diálogo que abrió el camino para el acuerdo final, que para Puerto Rico representa en estos momentos una asignación promedio de $700 millones en fondos adicionales bajo Medicaid entre 2011 y 2019.

El miércoles, cuando se aprobaba la legislación de Upton en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, Fortuño, quien es el líder de los que en Puerto Rico se identifican con el Partido Republicano de EE.UU., expresó su oposición al proyecto: “Siempre defenderé a mis constituyentes por encima de afiliaciones políticas y cualquier otro asunto que se interponga a ese objetivo”.

Fueron, sin embargo, demócratas cercanos al tema y a Puerto Rico los que verdaderamente la emprendieron en contra de la legislación del congresista Upton.

“Es un mensaje de desprecio”, dijo el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. La delegada de las Islas Vírgenes, Donna Christensen, cuyo territorio también sufriría recortes, lo llamó un proyecto “inmoral”. El senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), describió la legislación como una iniciativa “descabellada”.

En vez de culpar a los republicanos, Fortuño, públicamente, dijo que proyectos como los de Upton no surgirían “si fuéramos estado y tuviéramos dos senadores y una delegación congresional con voz y voto para defender a Puerto Rico en igual condición de los demás estados de la Unión”.

Quizá en las cartas que envió a republicanos del Congreso Fortuño haya sido más duro.

Pero, hasta el momento, con excepción de Pierluisi, quien está vinculado a los demócratas, no se escucha a los principales líderes del PNP atacar con fuerza al congresista Upton y sus colegas del GOP en el Comité de Energía y Comercio. No sucede igual cuando consideran que el presidente Obama le ha fallado a la Isla.

La apuesta del Gobierno de Puerto Rico es que los demócratas del Senado frenarán el proyecto de Upton, aunque se apruebe en el pleno de la Cámara baja.

Pero, el temor real que tienen los aliados de la Isla en Washington es que ese lenguaje, en momentos en que es posible que hayan recortes generales al programa de Medicaid, se cuele en cualquier acuerdo presupuestario de última hora después de las elecciones generales.

Predecir lo que hará el Congreso siempre es peligroso. Más aún cuando el proceso legislativo entra en el caos de negociaciones presupuestarias de último minuto.

 

 

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